El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le concedió un permiso especial a una obra en construcción en el barrio de Palermo, sin pasar por la Legislatura Porteña.
Situadas en un terreno donde se encuentra la icónica confitería Selquet, se trata de un conjunto de viviendas de categoría por la cuales el gobierno porteño concedió una excepción a la Compañía Buenos Aires SA, que produciría un beneficio extra de 70 millones de dólares.
En teoría, esta clase de excepciones urbanísticas que el GCBA concede para que se efectúen ciertos proyectos inmobiliarios, tienen la obligación de pasar primero de manera indefectible por la Legislatura porteña. Pero, en cambio, en este caso no sucedió.
Por esta razón, legisladores del Frente de Todos, solicitaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que justifique el “sorprendente otorgamiento de la factibilidad urbanística” destinado al desarrollo de viviendas de lujo, que la constructora Compañía Buenos Aires S.A. estará poniendo en obra en el predio del bar y restaurante Selquet, situado frente a los bosques de Palermo.
Dicho permiso especial de urbanización, fue concedido en tiempos de pandemia y a través del mismo se autoriza a la constructora la edificación de 8,4 metros más de altura que los que permite el Código Urbanístico, que “representan una valorización de 21 millones de dólares del suelo, y unos 70 millones a precio de mercado”, de acuerdo a lo explicado por el legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, en comunicación con el diario Página 12.
Durante la cuarentena, debido a la pandemia del covid19, más específicamente entre el 26 y el 27 de marzo pasado, el Consejo del Plan Urbano Ambiental (Copua) aprobó dicho proyecto, mediante teleconferencia.
Barroetaveña, miembro de la Comisión de Planeamiento Urbano, indicó que “el Copua, sólo integrado por el oficialismo, emitió un dictamen luego consolidado en una disposición de la DGIUR a favor de la empresa Compañía Buenos Aires SA, de la familia de Marcelo Mindlin, permitiendo construir un edificio de 28,4 m de altura donde se podían construir 20 mts, y solo 10 mts cuando el empresario compró el terreno, en el 2017. Con esta resolución produce un incremento del precio del terreno de 21 millones de dólares según la estimación oficial, que pasan a ser 70 millones de dólares a precios de mercado de unidades terminadas”.
En este marco, los legisladores solicitaron al GCBA que “detallen cuáles fueron los argumentos urbanísticos y normativos que utilizaron para concederle la factibilidad”.
