La audiencia se realizó en Legislatura Porteña por el tema de la venta de aproximadamente 30 propiedades, y fue declarada inválida por la justicia.
En este marco, el juez Andrés Gallardo supuso que existió una “inobservancia deliberada respecto de la orden cautelar” en el tribunal público que se realizó de manera virtual por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a lo que menciona Página 12, la justicia declaró invalidada la audiencia pública que se realizó virtualmente y que el partido oficialista de la Ciudad ejecutó la semana pasada, con el objetivo de rever la venta de aproximadamente 30 inmuebles que teóricamente no eran necesarios para el Gobierno de la Ciudad, más allá de que el día anterior el funcionario había dispuesto suspender la audiencia ya que no cumplía con todos los requisitos que constituye la ley.
La legislatura ya había conseguido realizar dicha audiencia por medio de la plataforma zoom, con el fin de poder continuar con el proceso de la ley, que indicaba la promoción de vender propiedades que el Gobierno de la Ciudad supone no son necesarios.
El día anterior a la cita con el tribunal, el juez Gallardo decidió suspenderla luego de presentar una ayuda colectiva exhibido por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria debido a que estaba inhabilitado un espacio que garantizaba la participación de aquellos que no poseen dispositivos informáticos o wifi, tal como lo instituye la modificación en la ley, que reglamenta, por ejemplo, esta clase de reuniones públicas, teniendo en cuenta los protocolos de la pandemia.
El juez indicó que se impugnaron “las mociones de pasar a un cuarto intermedio a efectos de verificar la existencia de la medida cautelar referida y su efectiva notificación”, y además “fueron desatendidos los avisos acerca de que la secretaria del Juzgado, Beatriz Campos, solicitaba permiso de ingreso a la reunión, quien finalmente pudo acceder 45 minutos antes de la finalización de la audiencia, más no intervenir pues el citado presidente no le habilitó el micrófono para hacer uso de la palabra”.
Por otra parte, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2, manifestó que lo sucedido fue un contexto de “gravedad institucional“, y agregó que por medio del escrito “se advierte con elocuencia la inobservancia deliberada respecto a la orden cautelar”.
También, indicó que “distintas y numerosas personas en sus respectivas intervenciones” y le indicaron a Romero “acerca del error que estaba cometiendo en llevar a cabo el evento desoyendo los términos de la medida cautelar y supeditando a las y los participantes a ser cómplices de tal eventual comisión delictiva”.
