Germán Onco, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, y la vicepresidenta Brenda del Águila, participaron en la 49° sesión del COFENAF, abordando temas clave sobre políticas de protección y derechos para la infancia y adolescencia.
El presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Germán Onco, junto a la vicepresidenta Brenda del Águila, formaron parte de la 49° sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF). En esta reunión se discutieron temas fundamentales para la protección de los derechos de los más jóvenes, con la participación de representantes de diversas provincias y organismos especializados.
Entre los puntos tratados, destacó la importancia de mantener y fortalecer los subsidios del Programa de Asistencia Económica (PAE). Esta iniciativa resulta crucial para brindar apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, garantizando recursos esenciales para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. La continuidad de estos subsidios fue señalada como una prioridad para asegurar el bienestar de las familias en todo el país.
Otro tema central fue la promoción de la reunificación familiar, un enfoque que busca restablecer los lazos familiares en casos donde, por diversas razones, los menores se encuentran separados de sus familias de origen. En este sentido, Onco destacó la necesidad de implementar políticas que faciliten estos procesos, siempre priorizando el interés superior del niño.
Asimismo, se planteó la revisión de la adenda correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH), un beneficio clave para numerosas familias argentinas. El debate giró en torno a la actualización de los montos y condiciones de acceso, con el objetivo de hacer más equitativo este sistema de protección social.
Durante el encuentro, Onco subrayó la necesidad de impulsar políticas específicas que apoyen tanto a las familias adoptivas como a aquellas que participan en programas de acogimiento familiar. Estas iniciativas, esenciales para garantizar un entorno seguro y afectivo para los niños y adolescentes, requieren de un marco normativo y recursos que aseguren su éxito.
En este sentido, Onco destacó la importancia de jerarquizar a los trabajadores de los organismos que intervienen en los procesos de niñez y adolescencia. Estos profesionales, que cumplen un rol vital en la implementación de políticas públicas, deben contar con condiciones laborales adecuadas y reconocimiento acorde a su responsabilidad.
Uno de los temas más debatidos fue la necesidad de reducir la hiperjudicialización de los casos que involucran a menores. Onco señaló que la excesiva judicialización contradice los principios establecidos por las leyes 26.061 y 114, que promueven la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, evitando procesos judiciales innecesarios que, en ocasiones, prolongan situaciones de vulnerabilidad.
El consenso fue unánime en cuanto a que es fundamental fortalecer los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, priorizando soluciones que respeten el tiempo y las necesidades de los menores involucrados. Esta perspectiva busca hacer más eficientes los sistemas de protección y evitar demoras innecesarias en la restitución de derechos.
Otro de los puntos clave de la sesión fue la revisión del régimen penal juvenil. Onco y los demás representantes abogaron por una reforma que asegure una protección más efectiva para los adolescentes en conflicto con la ley. El objetivo es garantizar un enfoque más restaurativo y menos punitivo, que respete los derechos de los menores y promueva su reintegración social.
En este contexto, se enfatizó la necesidad de generar un sistema que contemple la educación y la contención como ejes centrales, priorizando siempre el interés superior del adolescente y su posibilidad de reinsertarse en la sociedad de manera positiva.
