El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, reclamó que se cumpla la sentencia de la Corte Suprema que otorga mayor intervención a la Justicia porteña. «Los fallos están para cumplirse», expresó tras el pedido del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para suspender la aplicación del fallo «Levinas».
El funcionario porteño reafirmó la postura del Gobierno local a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó la necesidad de avanzar con las transferencias pendientes para consolidar la autonomía de la Ciudad. «La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el ‘inmovilismo’ y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dispone la Constitución Nacional», sostuvo Tapia.
El pronunciamiento del ministro se produjo luego de que Casal elevara un pedido a la Corte Suprema para que suspenda la aplicación del fallo «Levinas», una sentencia en la que el máximo tribunal resolvió que la Justicia de la Ciudad tiene competencia para intervenir en causas que involucren a organismos nacionales cuando estos operan en territorio porteño. La decisión del procurador generó una fuerte reacción en el Gobierno de la Ciudad, que desde hace años reclama el traspaso de competencias para ejercer plenamente su autonomía.
En este contexto, la administración porteña insistió en que el cumplimiento de la sentencia es un paso clave para la consolidación del sistema judicial local. A su vez, Tapia consideró que dilatar la aplicación del fallo va en contra del espíritu de la Constitución Nacional y de los principios que rigen la organización federal del país. «Es momento de dejar atrás la falta de avances y cumplir con lo que la Corte determinó», enfatizó el ministro.
El fallo «Levinas» se convirtió en un nuevo capítulo del histórico debate sobre el traspaso de competencias judiciales desde la órbita nacional a la Ciudad. Si bien la autonomía porteña está reconocida en la Constitución de 1994, su implementación efectiva ha sido objeto de múltiples disputas políticas y judiciales. En la misma línea, el Gobierno de la Ciudad ha expresado en reiteradas oportunidades que la falta de transferencias plenas limita el ejercicio de su soberanía en materia judicial.
En tanto, fuentes del Ejecutivo porteño señalaron que seguirán defendiendo la posición de la Ciudad ante la Corte Suprema y exigiendo que se respete la sentencia. «No hay margen para retroceder en este proceso, porque está en juego el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad y el fortalecimiento de su sistema judicial», afirmaron.
El reclamo del Gobierno porteño se enmarca en un contexto de tensiones entre la administración local y el Gobierno nacional en relación con la descentralización de competencias y recursos. Además, el debate sobre el traspaso de la Justicia se suma a otras disputas recientes, como la discusión por la coparticipación y el reparto de fondos entre la Nación y la Ciudad.
En conclusión, la exigencia de la Ciudad por el cumplimiento del fallo de la Corte se mantiene firme, mientras el pedido de Casal para suspender su aplicación abre un nuevo frente de disputa. El desenlace de esta controversia será determinante para el futuro del sistema judicial porteño y la consolidación de su autonomía.
