El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalló la nueva política para que la Policía intervenga ante quienes remuevan basura y ensucien la vía pública, aplicando sanciones económicas y trabajos comunitarios para preservar el orden y la limpieza urbana.
El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, dispuso una instrucción precisa para que la Policía porteña y el Ministerio de Seguridad actúen con rigor ante las situaciones en las que individuos revolvieran residuos de los contenedores y provoquen desorden en las calles. En este sentido, el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, explicó que la nueva directiva “responde a una orden clara para que, al detectar a alguien revolviendo la basura y ensuciando la vía pública, se le exija que limpie y ordene todo de inmediato”.
Asimismo, el funcionario aclaró que si la persona se niega a cumplir con esa indicación, será sancionada conforme a lo establecido en el Código Contravencional porteño. Esta normativa prevé multas que pueden alcanzar hasta $890.544, además de trabajos comunitarios que van de uno a quince días. “Nosotros llegamos hasta la etapa de aplicar la infracción. El cobro de la multa depende de la Dirección General de Administración de Infracciones”, agregó Piñeiro, remarcando la importancia de contar con el apoyo legislativo para explorar otras alternativas.
De tal modo, la medida no implica un operativo especial ni un aumento en el despliegue policial, sino que esta instrucción se incorpora al trabajo habitual de los agentes en la Ciudad. “La Policía está para la prevención del delito en general, pero también debe intervenir ante cualquier tipo de contravención. Si observa a alguien desparramando basura, le va a requerir que regrese todo al contenedor”, sostuvo el secretario.
Además, el objetivo principal de esta política es evitar que los contenedores y espacios públicos se conviertan en focos de acumulación y desorden que perjudican la higiene urbana y la imagen de la Ciudad. Piñeiro resaltó que esta política busca “mantener el orden en Buenos Aires” y responder al reclamo de los vecinos, quienes quieren sus barrios limpios, iluminados y seguros.
Por otra parte, el Ejecutivo porteño enfatizó que esta medida forma parte de un abordaje integral que contempla la asistencia social para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. “La ciudad ofrece alojamiento, comida, abrigo y respaldo. A partir de ese sostén, trabajamos sobre lo que afecta al orden”, aseguró el secretario de Seguridad. De este modo, se diferencia claramente a quienes requieren ayuda genuina de quienes generan desorden y ensucian el espacio público.
Consultado sobre si esta política supone un endurecimiento del accionar oficial, Piñeiro lo descartó y explicó que “participan varias áreas del Gobierno de la Ciudad” y que la intervención policial es una respuesta a “encender la luz sobre el reclamo de los vecinos”. En esta línea, destacó que el personal de seguridad debe actuar con decisión. “La contravención de ensuciar bienes exige actuar e intervenir, no quedarse solo en la letra del código”, puntualizó.
El funcionario también analizó la relación entre esta problemática y la inseguridad urbana. Indicó que “el principal delito en la Ciudad es el de oportunidad, como robos de celulares o arrebatos”, y destacó que “entre el 35 y 40 por ciento de los hechos delictivos los cometen personas que vienen de la provincia de Buenos Aires”. Añadió que “cuatro de cada diez detenidos son de ese origen”. Sin embargo, resaltó que “el delito viene bajando de forma sostenida”, a pesar de la percepción pública.
Finalmente, Piñeiro recordó que la base legal para la aplicación de multas y trabajos comunitarios se encuentra en el artículo 94 del Código Contravencional porteño, que sanciona a quienes “manchan o ensucian por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada”. Esta norma se convierte en la herramienta fundamental para combatir conductas que atentan contra el orden y la limpieza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
