Durante el partido entre Boca Juniors y Barracas Central, la Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo en el que se labraron 106 actas contravencionales a cuidacoches por uso indebido del espacio público.
En un nuevo despliegue de seguridad en las inmediaciones de La Bombonera, la Policía de la Ciudad demoró a más de un centenar de trapitos durante el encuentro entre Boca Juniors y Barracas Central, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Apertura. El procedimiento, diseñado para garantizar el ingreso ordenado del público y prevenir incidentes, culminó con la elaboración de 356 actas contravencionales por diversas infracciones, de las cuales 106 correspondieron a cuidacoches por ocupar el espacio público de manera indebida.
El operativo se desarrolló en tres anillos de control, abarcando distintos sectores del barrio de La Boca. Asimismo, participaron agentes de tránsito y personal del área de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, las autoridades controlaron la venta ambulante no autorizada y otras conductas contrarias a la normativa vigente en eventos masivos.
Entre las infracciones relevadas por la fuerza de seguridad, se incluyeron intentos de ingreso sin entradas válidas, violaciones al derecho de admisión, incitación al desorden, peleas, ensuciar bienes públicos y otras formas de apropiación indebida del espacio urbano. En este sentido, también se registró la detención de cuatro personas por falsificación de documentos, quienes fueron procesadas en el marco del mismo operativo.
Por su parte, el Gobierno porteño impulsa desde fines de marzo un proyecto para endurecer las sanciones contra los cuidacoches. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó en la Legislatura un proyecto que modifica el Código Contravencional con el objetivo de penalizar con mayor severidad a quienes ofrezcan servicios de estacionamiento, limpieza de vidrios o cuidado de autos sin autorización legal en la vía pública.
De acuerdo con la iniciativa, quienes incurran en estas prácticas podrán enfrentar entre 5 y 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos comunitarios o multas que oscilan entre 800 y 4.000 unidades fijas. Además, contempla sanciones adicionales como la prohibición de concurrencia y la interdicción de acercamiento a las zonas donde se haya cometido la contravención.
En la misma línea, el texto establece penas más duras cuando estas actividades se desarrollan en un radio de hasta 30 cuadras de eventos masivos, como recitales o partidos de fútbol, desde tres horas antes del comienzo hasta dos horas después de su finalización. En esos casos, las penas pueden llegar hasta los 45 días de arresto, y extenderse a 60 días para quienes actúen como organizadores, coordinadores o jefes.
Asimismo, si se comprobara la participación directa o indirecta de clubes, entidades u organizadores en estas conductas, se aplicarán multas que van desde las 5.000 hasta las 20.000 unidades fijas, así como la clausura de sus instalaciones por un período de entre 15 y 60 días. Estas sanciones se suman a la responsabilidad individual de los involucrados.
En tanto, el Gobierno porteño implementó también otra medida que restringe el ingreso de deudores alimentarios a los estadios de fútbol. La disposición se basa en la Ley 6.771, sancionada por la Legislatura en diciembre de 2024, que limita el acceso a actividades recreativas para personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias.
La normativa tiene como fin reforzar el derecho a la alimentación y el cuidado integral de niños y adolescentes. Actualmente, existen 11.000 personas registradas como deudores alimentarios a nivel nacional, de las cuales 2.900 residen en la Ciudad. Esta política se extenderá progresivamente a los 18 estadios ubicados en territorio porteño.
