A pocos meses de su reapertura tras dos años cerrado, el histórico puente que conecta Palermo, Colegiales y Belgrano podría ser desmontado para dar lugar a una estructura moderna, con mayor capacidad y accesibilidad, aunque vecinos advierten sobre la pérdida patrimonial y el impacto en la zona residencial.
El Puente Ciudad de la Paz, que fue reinaugurado en marzo de este año luego de dos años cerrado, está en la mira del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser reemplazado por una nueva estructura. La administración porteña lanzó una licitación nacional destinada a construir un paso vehicular que permita el tránsito de vehículos pesados, algo que el actual puente no admite.
Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa responde a las limitaciones que presenta la estructura vigente, especialmente por la prohibición del tránsito de camiones. Esta restricción afecta a vehículos pesados que circulan hacia la planta del Ceamse cercana y también a unidades de emergencia como bomberos y ambulancias. En la actualidad, el viaducto solo admite la circulación en ambos sentidos de vehículos livianos de hasta dos toneladas y 2,10 metros de altura, junto con motos y bicicletas.
La construcción original del puente data de 1919, realizado por la Compañía de Tranvías Lacroze con una plataforma metálica estilo inglés que se extiende por 52 metros y se eleva para salvar las vías del ferrocarril Bartolomé Mitre. Su función inicial fue el paso de tranvías, pero cuando estos dejaron de operar en la década del 60, la estructura fue adaptada y asfaltada para la circulación vehicular, convirtiéndose en una vía alternativa entre Palermo, Belgrano y Colegiales hacia la avenida Cabildo.
En cuanto a su diseño, el puente presenta una pasarela peatonal lateral que inicialmente era de madera y luego se reemplazó por losas de hormigón armado. Su estructura metálica delgada mantiene una escala acorde a los barrios residenciales que atraviesa.
Pese a que el proyecto aún se encuentra en etapa de análisis, surgió una importante oposición por parte de los vecinos de la zona. Organizados en redes sociales y mediante reuniones, solicitaron al Gobierno que preserve y restaure la estructura original en lugar de demolerla y construir un puente nuevo. Según señalaron, esta propuesta resulta “innecesaria e inadmisible por varios motivos”.
En 2023, la Ciudad clausuró el paso por riesgo estructural luego de que un informe oficial alertara sobre “un estado de falla por corrosión generalizada”. En consecuencia, se realizaron trabajos de rescate que incluyeron refuerzos metálicos, mejora en las juntas de dilatación y reacondicionamiento de la calzada. La clausura, que inicialmente tenía un plazo de un año, se prolongó al doble debido a un cambio de gestión. En marzo de este año, la actual administración reabrió el paso para vehículos livianos y peatones, pero mantuvo la restricción para camiones. En ese momento, se informó que la segunda etapa contemplaba la construcción de un nuevo puente con mejores condiciones de transitabilidad.
En este marco, a comienzos de junio la empresa estatal Autopistas Urbanas SA (AUSA) inició la licitación pública para la provisión, construcción y montaje del nuevo puente Ciudad de la Paz, junto con la puesta en valor del entorno urbano. El plazo para presentar ofertas finaliza el 31 de julio. Desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad indicaron que están evaluando alternativas que no impliquen la remoción completa de la estructura actual, buscando “mejorar el entorno, respetar la identidad y no afectar al patrimonio”.
El proyecto que lidera AUSA prevé una intervención integral que incluye la demolición del puente existente y la instalación de uno nuevo con dos carriles para tránsito vehicular, pasarelas peatonales accesibles con rampas y escaleras, y la habilitación para camiones. Se espera que la nueva estructura conserve la estética similar al puente original, con celosías metálicas laterales tipo “X”, aunque con una construcción más moderna, resistente y funcional. Será más ancho, ofrecerá mejor altura y espacio para el paso seguro de vehículos, e incorporará barreras de seguridad vial de última generación.
Además, el plan incluye obras complementarias en el espacio público, como la reconstrucción de veredas, la creación de nuevas áreas verdes, paisajismo, mobiliario urbano, cámaras de seguridad y mejor iluminación. El acceso peatonal será rediseñado con rampas independientes del puente, espacios de descanso con vegetación y veredas niveladas. Las calles Ciudad de la Paz y Concepción Arenal se readecuarán como “calles compartidas”, con adoquines a nivel de vereda para facilitar la circulación peatonal.
El anuncio provocó críticas de los vecinos que no solo rechazan el tránsito pesado en un barrio residencial, sino que también advierten sobre la posible pérdida de un bien histórico y patrimonial. En 2016, el viaducto fue declarado de valor histórico-testimonial y recibió protección ambiental. La arquitecta Natalia Kerbabian, una de las referentes de la campaña por la conservación del puente, expresó su preocupación ante la “decisión de fondo que será irreversible”. “No vemos una necesidad imperiosa y ojalá que no suceda porque tiene protección patrimonial”, señaló. Además, reclamó que se abra un diálogo entre el Gobierno porteño y la comunidad, subrayando que “lo que sucede en la Ciudad tiene que ver con una proyección de quienes habitamos en ella”.
Por su parte, Paula Gómez Ortega, vecina del barrio, calificó el proyecto como “una obra faraónica, completamente innecesaria e inadmisible por varios motivos”. Destacó que la calle Ciudad de la Paz es “una calle barrial sin escala para que circulen vehículos de porte”.
En una recorrida por la zona, algunos vecinos manifestaron apoyo a la obra, aunque remarcaron que el estado actual de los accesos peatonales dificulta el tránsito para personas con movilidad reducida. Señalaron que el paso se vuelve complicado debido a los escalones deteriorados, lo que impide el paso adecuado para quienes utilizan silla de ruedas.
Finalmente, otro reclamo apuntó hacia el entorno de la estructura, especialmente los terrenos ferroviarios bajo administración del Gobierno nacional, que se encuentran en estado de abandono, con acumulación de basura y falta de mantenimiento. En tanto, el debate sobre el futuro del puente continúa abierto, mientras la Ciudad avanza con las instancias administrativas para la construcción de la nueva infraestructura.
