Se trata de una causa que pudo ser iniciada a partir de la denuncia de un grupo de vecinos y de vecinas de la zona acerca de presuntos hechos de crueldad contra los animales.
El consultorio cuestionado, desarrollaba sus tareas en una vivienda ubicada en la calle José I. Rucci al 3300, Comuna 8.
De acuerdo con trascendidos vinculados a fuentes oficiales de la investigación, en ese domicilio se llevaban a cabo prácticas no autorizadas en perjuicio de nuestras mascotas, detrás de la puesta en escena de un local especializado en peluquería canina.
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales organizó los pasos a seguir y al mismo tiempo, se dedicó a coordinar el procedimiento, que culminó exitosamente, con el apoyo del Personal de la Comuna Vecinal 8ª perteneciente a la Policía de la Ciudad, y los inspectores de la Dirección General de Control Ambiental y de la Dirección Gral de Fiscalización y Control.
En el transcurso del allanamiento se pudo observar que en la vivienda de la calle Rucci al 3300, se realizaban prácticas veterinarias sin contar con la habilitación correspondiente, ni registro de las actividades que se llevaban a cabo, además, se comercializaban insumos para mascotas, sin dejar de mencionar, que las instalaciones no reunían las mínimas condiciones de salubridad como brindar un adecuado y seguro desempeño de acuerdo con la reglamentación vigente en la Ciudad de Buenos Aires.
Con todas las pruebas que pudieron ser recepcionadas, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, a cargo del Doctor Carlos Rolero Santurián, se dispuso la clausura inmediata y preventiva del lugar.
Asimismo, el Fiscal Rolero imputó al responsable del establecimiento por averiguación de los delitos de usurpación de títulos, honores y suministro ilegal de medicamentos.
Cabe señalar que durante el desarrollo de la diligencia judicial, también se pudo visualizar una significativa cantidad de fármacos sin ningún tipo de documentación respaldatoria, los que posteriormente fueron decomisados, del mismo modo, que todos los elementos utilizados en la supuesta“veterinaria”.
Otra de las medidas llevadas adelante, fue disponer del cerramiento del área cuestionada con el sector de casa propiamente dicha.
Se sumaron al operativo veedores del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, quienes labraron las actas correspondientes, a los términos de la Ley Nacional 14.072.
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