Inquilinos Agrupados presentó una acción de nulidad y una cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el gobierno nacional, que derogó la Ley de Alquileres, generando preocupación y reacciones en el sector inmobiliario.
En una respuesta contundente al DNU 70/2023 del gobierno nacional, Inquilinos Agrupados presentó este viernes una acción de nulidad y una cautelar. Gervasio Muñoz, titular de la organización, expresó: «Hay una regresión total en materia de derechos para vivienda y eso obviamente es inconstitucional».
El DNU, que entró en vigor recientemente, derogó la Ley de Alquileres vigente desde julio de 2020, la cual imponía condiciones para los contratos de locación, como una duración de tres años y una actualización semestral basada en la fórmula Hogar, utilizada también en los créditos Procrear.
En una modificación significativa, el decreto eliminó el plazo mínimo legal para los contratos de alquiler de viviendas, dejando ahora su duración sujeta a un acuerdo entre las partes. Además, se otorga libertad para ajustar el valor de los alquileres utilizando cualquier índice y eliminando el mínimo semestral previo.
Muñoz advirtió: «No tengo dudas de que todo contrato que se firme a partir de hoy va a ser nulo y va a regirse por la Ley de Alquileres». La libertad para acordar entre partes era esperada por el mercado inmobiliario, que ha atribuido a la regulación una retracción en la oferta de propiedades en alquiler y un aumento de precios en los últimos tres años.
En cuanto a las consultas recibidas por las inmobiliarias, Marta Liotto, expresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, señaló: «Estamos viendo un fuerte incremento, tanto de parte de los propietarios que habían sacado sus inmuebles del mercado como de parte de los inquilinos».
Las actualizaciones ahora se manejarán, según Liotto, con el índice de costo de vida y una pauta de incrementos cada seis meses, o incluso trimestral en algunos casos. El objetivo es alcanzar «contratos de dos años de duración, con ajustes semestrales y con una línea con el sistema que regía antes de la sanción de la ley».
En este contexto, Inquilinos Agrupados busca que se suspendan los efectos del DNU, argumentando su inconstitucionalidad. «Queremos volver al escenario que funcionaba bien y colgar en el arcón de los recuerdos esta nefasta ley que perjudicó tanto al sector», concluyó Muñoz.