En el marco de un reciente incidente delictivo, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ha reiterado su llamado a reinstaurar un decreto de 2017, firmado por su primo Mauricio Macri, que permitía la expulsión expedita de extranjeros sin ciudadanía involucrados en actividades delictivas.
El jefe de gobierno, Jorge Macri, ha urgido a la reinstalación de un decreto del año 2017, impulsado por su pariente Mauricio Macri, que posibilitaba la expulsión ágil de extranjeros sin ciudadanía que cometieran delitos en territorio argentino. La solicitud se produce después de la detención de tres individuos de nacionalidad chilena y colombiana, sorprendidos robando en un local de electrodomésticos en el barrio de Balvanera.
Según informes policiales, la detención se llevó a cabo tras una alerta al 911, con los delincuentes intentando fugarse. Los tres individuos, careciendo de ciudadanía argentina, fueron interceptados por la Policía de la Ciudad, quienes lograron recuperar una bolsa con catorce celulares que los criminales intentaron descartar. Jorge Macri expresó su preocupación a través de su cuenta de X, indicando: «Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen. Nuestra ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos.»
Los detenidos, identificados como dos ciudadanos chilenos y un colombiano, fueron apresados en distintos puntos gracias a la rápida acción policial y al seguimiento desde el Centro de Monitoreo Urbano. La normativa a la que hace referencia Macri es el Decreto 70 de 2017, firmado por Mauricio Macri, que modificó la Ley de Migraciones, otorgando a los Estados la facultad de decidir los criterios de admisión y expulsión de no nacionales.
Este decreto implementó un procedimiento migratorio sumarísimo para rechazar el ingreso y expulsar rápidamente a delincuentes extranjeros, abordando delitos como tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, entre otros. Su derogación en 2021 por el presidente Alberto Fernández se basó en argumentos relacionados con la protección de los derechos humanos, alegando que la normativa anterior violaba principios como el debido proceso, el derecho a asistencia legal, la restricción del control judicial sobre actos administrativos y la amplitud de la retención preventiva sin definir causas.
En este sentido, Macri sostiene que la reinstalación de esta normativa contribuirá a salvaguardar la seguridad ciudadana y a evitar que extranjeros sin ciudadanía elijan Argentina como escenario para cometer delitos. La discusión sobre la eficacia de estas medidas y su alineación con los principios fundamentales de los derechos humanos continúa siendo un tema de relevancia en el ámbito político y social.