El máximo tribunal dejó firmes las penas contra los agentes que integraban una red de recaudación ilegal desde la comisaría 35 de la Policía Federal. El caso tuvo derivaciones políticas y salpicó a altos mandos de la fuerza, aunque muchos resultaron absueltos por falta de pruebas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra tres efectivos de la Policía Federal Argentina que participaron de un entramado de corrupción que operaba desde la comisaría N° 35, ubicada en el barrio porteño de Núñez. Los uniformados exigían coimas semanales a comerciantes, vecinos y cuidacoches a cambio de una supuesta protección o de la posibilidad de seguir trabajando en la vía pública. El fallo del máximo tribunal consolidó las penas impuestas a Sergio G. Ríos, Alejandro Malfetano y Marciano A. Quiroga, condenados por asociación ilícita y concusión.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte desestimó las quejas presentadas por las defensas, quienes habían intentado revertir la condena mediante recursos extraordinarios. Estas presentaciones ya habían sido rechazadas por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que incluso había reducido la pena inicial impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16, aunque mantuvo el cumplimiento efectivo de la prisión.
Los hechos ocurrieron en 2016, cuando los tres agentes, bajo órdenes superiores, se encargaban de la recaudación ilegal en las zonas de Núñez y Saavedra. Según determinó la investigación judicial, los policías cobraban entre \$2000 y \$3000 por semana a comerciantes a cambio de una protección preferencial. A su vez, solicitaban dinero a los cuidacoches para permitirles operar sin interferencias. Este circuito se sostuvo durante meses y fue desenmascarado con el avance de la causa conocida como “caso Potocar”.
En mayo de 2021, el TOC N° 16 dictó las condenas iniciales: tres años y seis meses de prisión para Ríos, Malfetano y Quiroga. Luego, la Sala I de la Cámara de Casación les redujo seis meses y fijó el cumplimiento efectivo de la pena. Con la reciente intervención de la Corte, las condenas quedaron firmes, marcando así un cierre judicial para la situación de estos tres efectivos.
Este grupo formaba parte del último eslabón de una cadena de corrupción más amplia que, según se comprobó en la investigación, estaba encabezada por el entonces comisario Norberto Villarreal, jefe de la seccional desde febrero hasta agosto de 2016. Villarreal fue detenido luego de pasar más de un año y medio prófugo. En el juicio oral, recibió una condena de cinco años y seis meses de cárcel.
En tanto, otros altos mandos que habían sido inicialmente implicados en la causa resultaron absueltos por falta de pruebas. Entre ellos se encontraba José Potocar, quien en ese momento era comisario inspector de la Dirección General de Comisarías y se desempeñaba como primer jefe de la flamante Policía de la Ciudad. También fueron sobreseídos Guillermo Calviño, ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la PFA, y Susana Aveni, entonces jefa de la Circunscripción VII.
Durante el juicio, Villarreal declaró que Potocar lo incentivó a «llevar la comisaría adelante» y no ser “cagón”, en referencia al manejo de la recaudación ilegal. Además, aseguró que el dinero recolectado se distribuía entre los altos mandos. Sin embargo, ese testimonio no fue suficiente para condenar a los superiores debido a la falta de elementos concretos, como crecimiento patrimonial injustificado o uso de testaferros.
Por su parte, los subcomisarios Marcelo Stefanetti y Hernán Kovacevich también resultaron absueltos, a pesar de que el fiscal José María Campagnoli había pedido condenas de cuatro años y medio para ambos. Durante el proceso, Stefanetti se retractó de sus declaraciones iniciales, en las que involucraba a Potocar, Calviño y Aveni.
Este caso marcó un punto de inflexión en la relación entre el poder político y la nueva estructura de seguridad porteña. En su momento, tuvo fuerte repercusión porque provocó la salida de la primera cúpula de la Policía de la Ciudad desde su creación. La figura de Potocar, que había sido designado como jefe de la fuerza con la intención de consolidar un nuevo modelo de seguridad, quedó desacreditada tras la investigación judicial.
En definitiva, con el fallo de la Corte Suprema, se confirmó la culpabilidad de los tres agentes de menor rango que ejecutaban el esquema de coimas, mientras que los principales responsables políticos e institucionales que habían sido acusados resultaron beneficiados por la falta de pruebas concluyentes.