El Gobierno porteño realizó una jornada sobre “Infancias Protegidas: Buenas prácticas frente a deudores alimentarios”, que buscó ofrecer herramientas para garantizar el derecho alimentario y fortalecer la aplicación de la Ley 6.771.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó adelante una capacitación centrada en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con eje en el cumplimiento de la cuota alimentaria y en la necesidad de generar políticas públicas efectivas. La actividad se desarrolló este miércoles en el marco del programa Buenas Prácticas del Instituto Superior de la Carrera (ISC) y contó con la organización conjunta de la Dirección General de Asuntos Registrales (DGARE) del Ministerio de Justicia.
La propuesta, titulada “Infancias Protegidas: Buenas prácticas frente a deudores alimentarios”, se realizó de manera virtual y estuvo dirigida a la ciudadanía en general, con el propósito de brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan comprender la situación actual de las infancias en Argentina. A su vez, buscó reforzar la implementación de la Ley N.º 269 y su modificación por la Ley N.º 6.771 en la Ciudad, normativa que regula el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).
La apertura se transmitió desde la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios y estuvo encabezada por Agustín Ulanovsky, director general de Asuntos Registrales, y por Gabriela Riviere, gerente de Relaciones Institucionales del ISC. Ambos remarcaron la importancia de la formación permanente y de la articulación interinstitucional como herramientas fundamentales para consolidar una política integral a favor de la niñez.
Durante la capacitación, la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentó un análisis crítico sobre la situación actual de la infancia en el país. En ese contexto, Julieta Izcurdia destacó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas vinculadas con la niñez.
Posteriormente, se abordaron los avances del RDAM, con exposiciones de Ulanovsky, Adriana Romero, subgerente a cargo del registro en la Ciudad, y Débora Ruth Telias del área legal de la DGARE. Allí se detallaron los logros alcanzados desde la sanción de la Ley 6.771 y los desafíos que aún persisten en su aplicación.
El cierre estuvo dedicado a mostrar experiencias de articulación desarrolladas por la Subsecretaría de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos junto a otros organismos estatales y gobiernos provinciales. En ese tramo, Inés Parry, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Justicia, explicó el proceso de reforma de la Ley 269. Más tarde, Mathías Valdez Duffau, jefe de Gabinete en la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos, relató la experiencia de los controles en estadios de fútbol y espectáculos culturales. Finalmente, Soledad Boggio, subsecretaria de Gobierno de Santa Cruz, resaltó la relevancia de la articulación interprovincial para mejorar el funcionamiento de los registros en distintas jurisdicciones.
El encuentro concluyó con un espacio de consultas, donde el público pudo intercambiar experiencias y reflexionar sobre la importancia de garantizar la cuota alimentaria como un derecho básico para las infancias en todo el país.
En paralelo, la Ciudad viene desarrollando operativos de control en espectáculos deportivos y culturales masivos. Desde marzo, ya se detectaron 30 personas inscriptas en el RDAM que intentaron ingresar a estadios o recitales. A todas ellas se les impidió el acceso. Los procedimientos se realizaron en conciertos de Los Piojos en River, de Lali Espósito en Vélez, de Don Osvaldo en All Boys y en el encuentro internacional de rugby que Los Pumas disputaron contra los All Blacks en el estadio José Amalfitani. El último caso se registró este miércoles antes del partido entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores en el Monumental.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó: “Los chicos y adolescentes están en el centro de nuestras prioridades. Con los controles buscamos no solo generar conciencia, sino también dejar en claro que en la Ciudad las obligaciones se cumplen sin excepción”.
Por su parte, el subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, subrayó: “Valoramos el esfuerzo y los resultados logrados. Estos operativos no solo hacen cumplir la ley, también generan conciencia colectiva sobre la obligación alimentaria, que no es opcional y representa un derecho fundamental para niñas, niños y adolescentes”.
De esta manera, la capacitación y los controles en eventos masivos forman parte de una política integral que busca consolidar un sistema efectivo para la protección de la infancia, con la convicción de que el cumplimiento de la cuota alimentaria es un deber ineludible que sostiene la igualdad de derechos en todo el territorio nacional.