Familias, docentes y legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expusieron ante magistrados en el marco de un amparo, luego de que la administración porteña retirara el establecimiento de la inscripción online. El juez definirá en los próximos días el futuro de la Fray Justo Santa María de Oro.
En un contexto de tensión creciente por los recientes cierres de divisiones en secundarias y salas de jardín de infantes, la Justicia convocó a una audiencia judicial para abordar el amparo presentado contra la clausura de la Escuela N° 16 DE 14 “Fray Justo Santa María de Oro” en el barrio de La Paternal. Este centro educativo, que cuenta con más de un siglo de historia y arraigo en la comunidad, fue objeto de una audiencia este miércoles, donde se escuchó el testimonio de las familias afectadas, junto con exposiciones de funcionarios de la cartera educativa y legisladores porteños. El encuentro, realizado en el juzgado de 1.ª instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13, marca el paso previo a una decisión judicial que definirá el futuro del establecimiento.
Las partes involucradas, incluyendo a familiares y representantes del Ministerio de Educación, como Nancy Sorfo y Rodrigo Stanczak, expusieron sus argumentos ante los magistrados. La movilización de la comunidad educativa hacia la sede judicial, ubicada en el microcentro, subrayó la preocupación ante la posibilidad de perder una institución considerada clave para la zona.
Mariana Scayola, secretaria general de la Asociación Docente Ademys, manifestó su rechazo ante la falta de canales formales de diálogo. “Esta fue la primera instancia donde las familias y la comunidad fue escuchada tras haber presentado el amparo, pero sobre este tema con el gobierno no tuvimos ninguna instancia de diálogo, a pesar de la infinidad de pedidos de reuniones que hubo para evitar lo que es un hecho inédito, que es el cierre de una escuela de más de 100 años de historia”, declaró la referente sindical.
En este sentido, el testimonio de las familias adquirió una relevancia particular, pues son ellas quienes eligen y depositan su confianza en el centro educativo. Lucía González, docente de la institución, enfatizó la importancia del vínculo de confianza: “Para dejar a tu hijo o a tu hija en un lugar, tenés que confiar que ese lugar, y las familias son quienes marcaron el camino de esta lucha, la defienden”.
A su vez, Luciana Fernández, maestra de apoyo pedagógico en el turno tarde, remarcó que el establecimiento cubre las necesidades de las familias y realiza un trabajo de carácter integral con los alumnos. “Estamos acá para que se dejen de vulnerar los derechos de las niñas y niños que tienen derecho a una educación de calidad”, afirmó. Fernández criticó que el intento de cierre contradice el discurso de la administración porteña sobre inclusión. “El gobierno habla de eliminar las barreras que atentan contra la inclusión y lo que están haciendo con éste intento de cierre es fijarlas más, elevar más barreras y es lo que queremos impedir. Queremos pedirle al juez que escuche a estas familias, que escuche por qué eligen esta escuela y no otra”, solicitó.
El impacto social y personal del cierre se evidenció en los relatos de los padres. Yésica, madre de Lautaro, un niño de seis años con autismo que cursa primer grado, relató cómo la modalidad del establecimiento facilita la organización familiar y el desarrollo de su hijo. “Lauti comenzó el jardín en esta escuela, en este edificio. La verdad que la jornada simple nos facilita un montón para que Lauti pueda hacer sus terapias una vez que termina la jornada escolar. Realmente toda la gente que compone el equipo de la escuela, nos brindó muchas herramientas para poder apoyarlo y ayudarlo. La integración de esta escuela es increíble. Para nosotros es muy importante y éste cierre nos tomó de sorpresa”, detalló la madre, subrayando el valor del equipo docente y la integración que promueve la institución.
El cierre de la Escuela Fray Justo se encuentra vinculado a la decisión de la cartera educativa de reubicar en ese mismo edificio la Escuela de Educación Media N° 2 DE 14 “Argentinos Juniors” (EEM 2 DE 14), que días atrás fue desalojada con una promesa de traslado al barrio de Mataderos. Ante el rechazo masivo de la comunidad de la secundaria, la administración resolvió finalmente clausurar la primaria N° 16 para instalar la secundaria en su lugar.
Legisladores porteños también se hicieron presentes en la audiencia para acompañar el reclamo. Gabriel Solano, legislador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), presentó un Amicus Curiae en el expediente y denunció un accionar irregular. “En mi caso fui como legislador que presentó un Amicus en el propio Amparo. Y quedó muy claro en el debate que el gobierno de la Ciudad está violando toda la normativa vigente. Por un lado retiró a la escuela Fray Justo de la inscripción online sin que haya ninguna resolución que acredite su cierre. Esa resolución acaba de salir hace recién unos días, el 7 de noviembre. Por lo tanto, actúan de facto”, explicó. Solano concluyó que “quedó claro frente a los docentes, a las familias, frente a la asociación cooperadora y al Sindicato Ademys, que el gobierno de la Ciudad actúa de una manera ilegal para cerrar esta escuela. Nosotros vamos a seguir batallando, el juez tomó nota de todo el debate y tiene que pronunciarse a la brevedad”.
En la misma línea, Mercedes Trimarchi, diputada porteña por Izquierda Socialista, también en el Frente de Izquierda, señaló que desde su banca están impulsando distintas acciones junto a la comunidad educativa, que incluyen festivales, actos en la puerta de la institución y ruidazos. Trimarchi anunció que este jueves participará una delegación de familias y docentes en la reunión de la Comisión de Educación en la Legislatura. “Vamos a seguir insistiendo políticamente que se dé respuesta a estas familias porque la maniobra que hicieron desde el Ministerio de Educación de no ponerla en la inscripción online es toda una estrategia que venimos denunciando”, sostuvo la diputada, enfatizando la dimensión política del conflicto.
Tras escuchar a las partes, la Justicia tiene en sus manos la definición del amparo que podría revertir la decisión de la administración porteña sobre la histórica institución. La comunidad educativa, respaldada por la presentación de múltiples testimonios sobre la función social y el rol integrador del establecimiento, aguarda con expectativa la resolución judicial, la cual se espera que se emita en los próximos días.