El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tomó la decisión de avanzar con la creación de su propio fuero laboral, sin esperar el traspaso de competencias desde el ámbito nacional. Esta determinación, liderada por los equipos técnicos del Ministerio de Justicia, encabezado por Gabino Tapia, marca un hito en el camino hacia la autonomía plena de la Ciudad en materia judicial.
En este sentido, las fuentes oficiales han revelado a Infobae que los equipos liderados por Tapia están actualmente trabajando en la redacción de los proyectos de ley necesarios para llevar adelante esta iniciativa. Se espera que este proceso, que se prevé extenso, dé inicio en el mes de marzo, cuando se presenten dichos proyectos ante la Legislatura porteña.
La creación de este fuero laboral supone un desafío político y jurídico, ya que implica restar competencias a la Justicia nacional del trabajo, generando así un inevitable choque con dichos tribunales. Asimismo, la medida también podría tensionar las relaciones con la totalidad del sistema judicial nacional, el cual ha manifestado su resistencia al traspaso de competencias hacia el ámbito porteño.
«Estamos decididos a crear un fuero laboral para que los conflictos individuales tengan un abordaje local», expresó Tapia en declaraciones recientes.
Desde la reforma constitucional de 1994, que otorgó a CABA un régimen de gobierno autónomo, la Ciudad ha buscado consolidar su autonomía plena en diversos aspectos, incluida la administración de su sistema judicial. Esta iniciativa se suma a otras medidas adoptadas en el pasado, como la transferencia de algunos tribunales penales y la creación del fuero contencioso, administrativo y tributario.
El objetivo principal de este nuevo fuero laboral es permitir que los conflictos individuales tengan un tratamiento más cercano y ágil, al tiempo que se busca una mirada más favorable hacia el empresariado, considerado por el gobierno como el motor de la generación de empleo.
El plan del Gobierno porteño contempla una división de competencias que permitiría a la Ciudad abordar los conflictos individuales, como los despidos, mientras que la Justicia nacional del trabajo mantendría su jurisdicción sobre los reclamos colectivos y aquellos de índole sindical.
Sin embargo, esta decisión no está exenta de críticas y posibles disputas legales. La posibilidad de que el tema sea judicializado y llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se descarta, aunque en la Ciudad confían en obtener respaldo judicial en base a fallos previos que avalan la autonomía porteña.
En definitiva, el gobierno porteño avanza decididamente en la creación de su propia Justicia laboral, marcando un paso significativo en su camino hacia la plena autonomía jurídica.