La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó el jueves sobre la puesta en marcha de un protocolo antipiquetes que será coordinado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La funcionaria destacó que se utilizará la fuerza de manera graduada, ajustada a la resistencia encontrada, y adelantó la presentación de un proyecto de ley en el Congreso.
En el marco de una conferencia de prensa, Patricia Bullrich detalló las medidas que contempla el protocolo. «Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas», aseguró, subrayando la intención de evitar cortes de calles y rutas, especialmente en jurisdicción federal. La ministra anticipó una reunión con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para abordar temas de seguridad y orden público de manera conjunta.
Las fuerzas federales, incluyendo la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), tendrán permiso para intervenir en caso de bloqueos de caminos o protestas que afecten la circulación ciudadana. La novedad es que también podrán intervenir miembros del Servicio Penitenciario Federal, ya bajo la órbita de Seguridad con el cambio de Gobierno.
Además, se intensificarán las tareas preventivas en estaciones de trenes y otros puntos específicos. Bullrich advirtió sobre la incautación de materiales como palos o caras tapadas que puedan ser utilizados para no ser reconocidos.
En relación a la participación de menores en manifestaciones, la ministra expresó su preocupación y anunció medidas severas. «No queremos que usen a los niños como escudos. Los niños deben estar en la escuela. El primer responsable es quien los lleva», señaló, advirtiendo graves penas para aquellos que lleven menores a marchas.
En cuanto a las detenciones, Bullrich explicó que se seguirán los códigos procesales vigentes y la ley de flagrancia. «Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores serán remitidos a las autoridades competentes. Se dará aviso al juez en caso de daño ambiental, como la quema de cubiertas que genere situaciones perjudiciales al ambiente y a las personas».
Como consecuencia de estas medidas, Bullrich anunció que las organizaciones o individuos responsables de los operativos de seguridad recibirán la factura correspondiente por todos los costos asociados. Destacó que el Estado no asumirá los gastos vinculados al uso de las fuerzas de seguridad y, en el caso de extranjeros con residencia provisoria, la información se remitirá a la Dirección Nacional de Migraciones. La implementación de este protocolo marca un cambio significativo en la estrategia gubernamental frente a las protestas y piquetes, generando debate sobre la proporcionalidad y el respeto de los derechos civiles en el accionar de las fuerzas de seguridad.